Cuando se acaban de cumplir treinta años de la aprobación de la Ley 13/1983, de 24 de octubre, por la que se reformó el Código civil en materia de tutela, nuestro sistema jurídico parece llamado a experimentar un profundo cambio para adaptarse a los postulados de la Convención de Naciones Unidas de los derechos de las personas con discapacidad. La Ley 26/2011 ha modificado numerosas normas del ordenamiento con vistas a dicha adaptación, pero no ha abordado los aspectos jurídico-privados.
Queda por tanto pendiente esta tarea del legislador, que ha de tener presentes las directrices de la Convención la cual, en este punto, gira en torno al sistema de apoyos a prestar a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad legal Este volumen colectivo pretende ser una aportación a dicha tarea. El volumen se divide en tres partes, la primera de las cuales aborda la cuestión central del impacto de la Convención en nuestro sistema y en tres ordenamientos jurídicos de