La regulación de las enseñanzas de Educación para la Ciudadanía ha protagonizado uno de los debates más intensos en la educación española durante los últimos años. No en vano, podemos afirmar que, de entre todas las manifestaciones que hayan podido realizarse sobre el sistema que contiene la actual Ley Orgánica de Educación, la objeción de conciencia a cursar las asignaturas de Educación para la Ciudadanía es la más significativa. Buena prueba de ello es la falta de conexión entre las diferentes concepciones que existen en torno a este bloque de conocimiento entre los diferentes agentes de la comunidad educativa. Una falta de conexión que está suficientemente acreditada tanto por el diferente sentido de las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia sobre la posibilidad de objetar a esta materia, como por las divergencias que ha provocado la implantación de la misma. Ante esta situación, fue el Tribunal Supremo el que estableciera unas directrices unitarias