La obligación de anular los contratos públicos afectados por actos de corrupción, reconocida sobre el papel, continúa siendo una asignatura pendiente en el ordenamiento jurídico español. El presente trabajo explora diferentes vías posibles su realización - desde la prejudicialidad devolutiva a la anulación directa de los contratos por la jurisdicción penal - destacando las potencialidades, aun inexploradas, que ofrece la nueva regulación del decomiso. Al tiempo, desde una visión crítica de la creciente penalización del control de la actualización administrativa, el trabajo propone un modelo alternativo de persecución de la prevaricación.