A punto de cumplirse cuarenta años de la firma de los Acuerdos entre la Iglesia y el Estado es posible plantear su vigencia actual para una sociedad secularizada muy diferente a la de los inicios de la Transición, y que se expresa políticamente de forma más plural y diversa, con la irrupción de nuevos partidos de fuerte implantación, que hacen más complejo e inestable el sistema político actual. Con propuestas que van desde la permanencia de los Acuerdos hasta su denuncia, parece claro que es necesario encontrar nuevos consensos que partan de la base de la obligación del Estado de garantizar un espacio público inclusivo, que vea el hecho religioso como expresión de un derecho fundamental de la persona que conlleva el respeto a la libre expresión de esos sentimientos religiosos, aunque dentro de un marco de aconfesionalidad y libertad religiosa.