La aprobación de la Ley de Memoria Democrática explica la urgencia de la publicación de este libro que, redactado sin conocimiento de aquélla, pone de manifiesto una contradicción extrema de actitudes.
El desvalor más grave de esta Ley no se encuentra en su evidente sectarismo ideológico sino en los enormes errores técnicos.
Después de anunciar que se refiere «a lo largo de la historia contemporánea de España», se centra en el «período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978». No es pequeño el disparate de acotar un período histórico. Como si el Gobierno de Pedro Sánchez, por ejemplo, no perteneciese a la historia contemporánea de España; pero todavía es más grave romper la relación entre el 18 de julio de 1936 con los días, meses y años inmediatamente anteriores.
Flota hoy en los turbulentos horizontes políticos de España una pregunta ?Monarquía o República? que cada día parece más inquietante y que pronto habrá que abordar seriamente para poder dar una respuesta razonada, dado que es inútil seguir silenciándola indefinidamente. Este dilema no es desconocido entre pues ya lo tuvimos en 1873 y 1931.
En vísperas (¿) de una decisión o consulta política trascendental, no puede regatearse esfuerzo alguno para facilitar a los ciudadanos el conocimiento de su pasado inmediato. Si el Estado no va a proporcionar esa información por sus medios, este ciudadano de a pie tiene la obligación moral de adelantarse a cualquier censura.