En las sociedades occidentales actuales, el paso de la infancia a la edad adulta se ha retrasado y, en muchos casos, ha dejado de ser un proceso lineal. Una vez completada la educación secundaria, las posibilidades de inclusión social plena o de incorporarse al mercado de trabajo en buenas condiciones son reducidas y se espera que los jóvenes continúen estudiando a fin de que aumenten su capital social y sus oportunidades laborales. El acceso a una vivienda resulta también muy complicado y la formación de un núcleo de convivencia se pospone. En este contexto, la familia de origen, con la que los jóvenes suelen tener una relación aceptable, desempeña funciones clave de sostén económico y emocional. Sin embargo, las chicas y chicos en acogida institucional, en el sistema de protección, cuando cumplen la mayoría de edad, acostumbran a afrontar el reto de la emancipación sin ese apoyo familiar y con algunas dificultades añadidas, por lo que sus opciones disminuyen y sus riesgos aumentan.