La crisis global que emerge a partir del año 2007, muestra una realidad social e institu-cional que invita a considerar la oportunidad de investigar acerca de las políticas dirigidas a la inserción social y laboral de colectivos vulnerables. En España esta crisis, considerada global puesto que afecta a las distintas esferas de la vida económica y social, impacta so-bre un ya maltrecho Estado de Bienestar, caracterizado por la fragilidad de los sistemas de protección social y por la precariedad del empleo. A esta situación, se suma identificar la pérdida del empleo y el empeoramiento en las medidas de protección social como efec-tos inmediatos derivados de las respuestas institucionales a la crisis, las cuales provocan el crecimiento de la vulnerabilidad social y la exclusión en extensión y en intensidad. El acceso al empleo, considerado hasta el momento un elemento de integración social, así como un factor de protección ante la exclusión, se está evidenciando como insuficiente para proteger a las personas de la vulnerabilidad, no sólo por el significativo aumento y cronificación del desempleo, sino también por la profundización en la precarización de éste, que hace emerger conceptos como empleo de exclusión, reflejo de una nueva reali-dad social de la que forman parte los denominados trabajadores y trabajadoras pobres. En este escenario, se observan movimientos en el espacio social de la exclusión que afectan tanto a los que se encuentran en situación de integración, como de integración precaria o de exclusión severa. La escasez de recursos, tanto de carácter contributivo como asisten-cial, modifica las posibilidades de cada uno de estos grupos a acceder a prestaciones y ser-vicios. Los programas, servicios y actuaciones tradicionalmente dirigidos a la integración de colectivos vulnerables se ven afectados a causa de la entrada en el tradicional espacio asistencial de personas y colectivos que experimentan por primera vez la vulnerabilidad social y la exclusión. Y esto ocurre justo cuando desde determinados sectores sociales y profesionales se está cuestionando la capacidad de integración social que, desde la pers-pectiva de la garantía de derechos, tienen algunas de las acciones que se están llevando a cabo desde el ámbito de lo asistencial.En este nuevo y complejo contexto, parece oportuno analizar qué está pasando en la inserción por el empleo de colectivos vulnerables, qué propuestas y estrategias están implementando las instituciones, las organizaciones sociales y los y las profesionales que trabajan en la integración, cómo se están posicionando cada uno de estos agentes ante la nueva situación y, por consiguiente, cuáles son sus discursos.